Las empresas de medicina prepaga tendrán que cumplir no sólo con sus contratos, que incluyen al Programa Médico Obligatorio (PMO), sino con la ley para la asistencia integral de personas discapacitadas, según un fallo de la Corte Suprema de Justicia.



En la causa Cambiasso Pérez de Nealón c/Cemic, la entidad de medicina prepaga reconoció que debe cumplir con el PMO, pero no aceptó las actualizaciones posteriores a 1996, lo que fue rechazado por la Corte.

El fallo sostuvo que, al margen del contrato, las entidades de medicina privada deben cumplir obligatoriamente las prestaciones del PMO, al igual que las obras sociales, y con las actualizaciones periódicas de la autoridad de aplicación.

Pero el máximo tribunal fue más allá, y dijo que la actualización del PMO prevista en el artículo 28 de la ley 23.661 que creó el Sistema Nacional del Programa de Salud no puede dejarse a una autoridad administrativa.

Por este motivo, consideró que el Congreso introdujo modificaciones del PMO al crear el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral de las Personas con Discapacidad.

Para la Corte, como la ley sobre discapacidad no introduce ninguna salvedad que la separe de la ley marco de la medicina prepaga, debe entenderse que cuando determina prestaciones obligatorias respecto de las obras sociales, comprende también a las empresas privadas en lo que atañe a la cobertura médico asistencial de las personas con discapacidad.

Entre los fundamentos de la sentencia, los jueces hicieron hincapié en los derechos de toda persona “al disfrute del más alto nivel posible de salud” y “a una mejora continua de las condiciones de existencia”, enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

También señalaron que, si bien la actividad de las empresas de medicina prepaga puede presentar determinados rasgos mercantiles, “en tanto ellas tiendan a proteger las garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas, también adquieren un compromiso social con sus usuarios”.

Las juezas Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay disintieron de la mayoría, al juzgar, por diversos motivos, que la ley de discapacidad no estuvo dirigida a regular a las empresas de medicina privada.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti también compartió la disidencia, al indicar que por regla general en los contratos no puede presumirse una obligación que no surja claramente de la voluntad de las partes, lo que no ocurría en el caso.

Pero Lorenzetti encontró una salida al decir que la atención médica en juego debería prestarla el Estado, no demandado en la causa, a fin de que el discapacitado no se viera privado de asistencia.

El voto de Lorenzetti concedió, asimismo, un plazo de hasta un año para que la entidad privada que asuma la asistencia médica pueda recuperar del Estado durante ese lapso los gastos en los que incurrió.

Fuente: El Cronista Comercial.

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